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Según un informe reciente de Prisoners Defenders, se ha registrado un aumento significativo en el número de presos políticos en la isla, después de las manifestaciones ocurridas en marzo. En ese sentido, se sumaron a la lista 31 nuevos presos políticos y de conciencia. Entre ellos se encuentran periodistas independientes, líderes de movimientos sociales y defensores de los derechos humanos.
El informe señala que el gobierno cubano ha intensificado su represión contra disidentes y activistas, resultando en un incremento alarmante en la detención de personas por motivos políticos. Los municipios con mayor número de nuevos presos políticos por las protestas de marzo son Santiago de Cuba y Holguín, aunque también hay presos por este motivo en Artemisa, Cienfuegos, La Habana, Las Tunas y Sancti Spíritus.
De los 1092 prisioneros políticos en Cuba, 30 son menores de edad y 119 son mujeres. Al menos 16 menores han sido condenados por «sedición» a una media de 5 años de prisión, mientras que 222 manifestantes enfrentan una media de 10 años de privación de libertad por los mismos cargos. Además, 260 prisioneros políticos padecen enfermedades graves y no reciben tratamiento médico adecuado.
Uno de los prisioneros que se encuentra en riesgo es Javier Delgado Torna, promotor de Cuba Decide y preso político. Por su situación de salud, el pasado 10 de abril, la CIDH, trasladando el pedido de medida cautelar iniciado por nuestra plataforma, le envió un comunicado al régimen cubano.
Asimismo, Julián Mazola, otro preso político que se encuentra privado de su libertad desde las manifestaciones del 11J, sufrió un intento de violación en la cárcel de Guanajay. Por ese motivo, la CIDH le pidió información al régimen. Sin embargo, la dictadura cubana no respondió a ninguno de los dos pedidos de la Comisión.
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