Con Cuba Decide como fondo se realizó el evento paralelo a la Asamblea General de La OEA en el que participaron cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Junto a representantes de la Secretaria General de La OEA, el embajador ante la OEA de los Estados Unidos, Carlos Trujillo y miembros de otras delegaciones. Las promotoras de Cuba Decide, Lietis Rachel Reyes y Rosa María Payá hicieron intervenciones sobre la situación de los derechos humanos en la Isla y el rol que debe jugar la OEA y sus estados miembros.
El evento tuvo lugar en la sede de la OEA y estuvo coorganizado por: La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Freedom House, REDLAD y UNPACU.
Promotoras de Cuba Decide junto a miembros de la delegación nicaragüense y venezolana.
Recomendaciones de Rosa María Payá a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos:
Señor Secretario General Luis Almagro, Embajador Carlos Trujillo, miembros delegación, distinguidos invitados y asistentes.
Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes hoy para abordar la urgencia de una estrategia conjunta de la Organización de Estados Americanos y de las Democracias de Las Américas en apoyo al pueblo cubano y a la salida de la dictadura ante la profunda y sostenida crisis en la Isla y la inestabilidad democrática que el régimen de la familia Castro causa a la región.
El 31 de enero de 1962 Cuba fue excluida de la Organización de Estados Americanos, cuando los ministros reunidos en Punta del Este, Uruguay, resolvieron, entre otros puntos, que: “el actual gobierno de Cuba… es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano.” Cincuenta y seis años después, esta incompatibilidad continúa siendo invariable. Sin embargo, las grandes dificultades y la represión que sufrimos los cubanos para enfrentar el terror impuesto desde el poder, la inacción de la comunidad internacional y de esta organización, unida al silencio cómplice de una consecución mayoritaria de gobiernos en Las Américas, han contribuido a la permanencia del totalitarismo en mi país.
En sesenta años, las consecuencias son y continúan siendo devastadoras:
– Cientos de miles de cubanos han sufrido prisión política. Según los archivos recuperados de la Stasi, hubo en las cárceles de la Isla hasta 65 mil prisioneros políticos cumpliendo sentencia al mismo tiempo. Desde que Miguel Díaz-Canel asumió el mando de los Consejos de Estado y de Ministros, hace 6 semanas, se han emitido 9 nuevas condenas por motivos políticos.
– Decenas de miles de cubanos han perdido sus vidas intentado escapar del país a través del mar. Es imposible ofrecer un numero exacto y es probable que jamás sepamos el total real de madres que han perdido a sus hijos desaparecidos en el estrecho de la Florida.
– 7323 es la cifra de ejecuciones arbitrarias que han podido documentarse debidamente según el informe de Archivo Cuba. Dos de ellos, mi padre, Oswaldo Payá, líder de la oposición cubana, premio Sajarov del Parlamento Europeo y el joven Harold Cepero, ambos asesinados a manos de agentes de la policía política cubana, el 22 de julio de 2012.
Es importante aclarar que esta estadística, es siempre inferior a la realidad, porque corresponde solo a los casos documentados, de los que se ha recuperado evidencia. No se conocen los números totales pues las autoridades esconden continuamente la información y el aparato de seguridad del estado coacciona víctimas y familiares para que no haya denuncia. Por ahora, solo podemos estimar la magnitud real de los crímenes contra la humanidad cometidos por el grupo de generales y demás mandos que han controlado el estado cubano por los últimos 60 años.
Tolerar un totalitarismo criminal en la Isla de Cuba ha sido uno de los factores que han costado a Las Américas la involución democrática y amenazas a la seguridad nacional de varios de sus estados. Los gobiernos de la región tienen que lidiar con la infiltración e injerencia del aparato de inteligencia cubano en los asuntos internos de muchos países y el consecuente deterioro del estado de derecho en varios de ellos. Como es el caso ampliamente documentado de la dictadura Venezolana cuyas autoridades envían petróleo y alimentos al régimen cubano aun en medio de la grave crisis humanitaria que enfrenta su pueblo. Según palabras del mismo Secretario General, Cuba mantiene un ejército de ocupación, con decenas de miles de hombres en todas las instancias de gobierno en ese hermano país. En 2016 el director de inteligencia de los Estados Unidos, James Clapper, indicó que Cuba y su servicio de inteligencia representaba la 4ta amenaza de espionaje para los Estados Unidos; 3 años antes las autoridades panameñas había descubierto en el Canal un barco norcoreano que escondía toneladas de armamento y material bélico procedente de Cuba.
El carácter dictatorial del gobierno de la familia Castro, se expresa en la práctica represiva y en la imposición de estructuras legales y de poder que violan desde la letra las más elementales libertades de todos los ciudadanos. La constitución y el sistema electoral cubanos están diseñados para impedir la participación efectiva y la expresión libre de la voluntad soberana de la ciudadanía. Como quedó demostrado en la recientes votaciones de delegados a la Asamblea Nacional donde las comisiones de candidatura de la dictadura designaron y aparecieron en boleta un total de 605 candidatos para 605 posiciones en la Asamblea.
La actuación de las autoridades gubernamentales, incluidas las electorales, es coercitiva y arbitraria, y viola de manera sistemática los derechos civiles y políticos de los cubanos, como ocurrió el pasado 11 de marzo durante las votaciones donde en el 90% de colegios electorales donde promotores de la campaña Cuba Decide pretendía ejercer su derecho legal a observar el escrutinio, se documentaron acciones represivas por parte de la Policía Nacional, agentes de la Seguridad del Estado, y las Brigadas de Respuesta Rápida y en el 60% de los casos se les prohibió el derecho al voto por causas no contempladas en la legislación vigente.
En consecuencia, el proceso electoral es ilegal e ilegítimo, los delegados de la Asamblea y Nacional y el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros, no han sido electos directa ni indirectamente por la ciudadanía.
Denunciamos que esa Asamblea ilegítima se esta reuniendo el día de hoy en La Habana y se ha designado una comisión que bajo la dirección de Raúl Castro redactará un reforma constitucional que excluye al pueblo y declara una vez más la irreversibilidad del socialismo y de un sistema político y social que impone al Partido Comunista de Cuba como director de la sociedad y el Estado. Violando los principios básicos de la democracia y el sistema interamericano.
En atención a todo lo anterior y a todas las violaciones que se comenten en la ley y la práctica por las autoridades de la dictadura en Cuba, solicitamos de los estados miembros de la OEA y las instancias que la componen:
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