El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Cuba se acerca a su ratificación final, en plena ofensiva de Estados Unidos y de los opositores cubanos que piden su suspensión por las reiteradas «violaciones de los derechos humanos».
Sus esfuerzos se centran en Lituania. Esta antigua república soviética a orillas del mar Báltico es el único país de la UE que aún no ratificó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que confirmó el deshielo con la isla comunista.
Sin embargo, desde la aplicación provisional del acuerdo el 1 de noviembre de 2017, «la situación política y de derechos humanos empeoró dramáticamente», estimó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en una carta al primer ministro lituano.
A días de que el Parlamento lituano, el Seimas, inicie el período de sesiones en el que se espera la votación, Pompeo pidió a Vilna «seguir sin ratificar» el pacto para apoyar «la esperanza de libertad, democracia y (…) los derechos humanos» en la isla.
Washington se suma así a la presión ejercida por los opositores cubanos en las últimas semanas, quienes han multiplicado los viajes tanto a Bruselas como a Vilna para lograr la suspensión de un acuerdo que, a su juicio, da oxígeno al régimen comunista.
«El acuerdo no condiciona la cooperación ni el comercio con el régimen a que respete los derechos humanos ni la democracia», dijo la promotora de Cuba Decide, la activista Rosa María Payá, tras una reciente visita a las capitales de Lituania y de Bélgica.
Con la firma en 2016 del acuerdo con Cuba, en pleno acercamiento entre La Habana y el Estados Unidos de Barack Obama, la UE confirmó su cambió de política hacia la isla tras dos décadas de la llamada Posición Común, más estricta en materia de derechos humanos.
La diplomacia europea, que con Josep Borrell al frente elevó el tono sobre los derechos humanos, estima, sin embargo, que «un empeño constructivo y crítico con Cuba es la mejor manera de promover la reforma y el cambio positivo», según su vocera Virginie Battu.
Pero, para el eurodiputado español liberal José Ramón Bauzá, la diplomacia comunitaria «se está poniendo de perfil». «El acuerdo debía suponer la mejora de vida de los cubanos (…) y está pasando todo lo contrario», apuntó a la AFP.
Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OSDH) a fecha 9 de marzo, existen 125 presos políticos, entre ellos José Daniel Ferrer, cuya liberación reclama la Eurocámara. La Habana niega la existencia de presos políticos.
Lituania ejemplifica el dilema en la UE. Esta nación báltica de 2,8 millones de habitantes, aliado incondicional de Estados Unidos, se dispone a ratificar en la sesión parlamentaria que inicia el martes el acuerdo tras meses de acalorados debates.
«No estamos entre los primeros que quisieron aprobarlo, pero tampoco nos convertiremos en el único freno», dijo a los parlamentarios el ministro de Relaciones Exteriores, Linas Linkevicius, a finales de febrero tras el visto bueno de la comisión de Exteriores.
Linkevicius insistió entonces en que el acuerdo podría ayudar a contrarrestar la influencia rusa y china en Cuba, abordar los desafíos mundiales, incluido el cambio climático, y generar oportunidades para las empresas europeas.
Cuando la UE representa el primer inversor y el mayor socio comercial de Cuba, con un intercambio de 3.470 millones de dólares en 2018, el bloque tampoco quiere ceder ante el Estados Unidos de Donald Trump, que activó la extraterritorialidad de sus sanciones.
Para la oposición de derechas en Lituania, que invitó en varias ocasiones a disidentes cubanos, el rechazo del pacto mostraría su «solidaridad» con sus «socios estratégicos el Congreso de Estados Unidos», dijo a la AFP su jefe de filas Gabrielius Landsbergis.
«El régimen cubano es un desafortunado remanente del mismo comunismo que oprimió severamente a los lituanos», escriben en una carta al embajador de Lituania en Washington los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, y el demócrata Robert Menendez.
El primer ministro Saulius Skvernelis «aún no ha analizado (el) contenido» de la carta de Pompeo, dijo a la AFP su vocero el viernes. Un voto en contra del Parlamento lituano al acuerdo no implica forzosamente el final de la aplicación provisional del mismo.
Para ello, el gobierno lituano tendría que notificar “oficialmente y de manera definitiva” al Consejo de la UE que no ratificará este acuerdo, indicó una fuente de esta institución europea.
Fuente: La Nación, Paraguay
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