SANTIAGO DE CUBA. – El representante en el Exterior de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Luis Enrique Ferrer García, denunció a través de un Facebook Live, la deportación hacia Guyana del activista Eliecer Góngora Izaguirre, coordinador de la UNPACU en Jobabo, Las Tunas, por parte de la Seguridad del Estado.
Góngora Izaguirre, que formaba parte de los más de 120 huelguistas de hambre en la organización opositora, llevaba varios días sin ingerir alimentos y con un delicado estado de salud, fue sacado de su casa el pasado 19 de febrero, tras un violento asalto a su vivienda por parte de la policía política.
Vía telefónica, Eliecer Góngora Izaguirre cuenta a CubaNet todo el proceso vivido desde su arresto por parte de la Seguridad del Estado y el destierro a Guyana.
El día 19 en la tarde, oficiales de la Seguridad del Estado y la policía se presentaron en su, sacándolo de la cama donde se encontraba acostado en ese momento por la huelga de hambre. “Me cargaron y me arrastraron violentamente por los brazos y pies, tirándome contra una patrulla y dándome golpes en la misma mano que ellos me fracturaron el pasado 4 de febrero en Camagüey, donde me encontraba desempeñando la campaña por el #YoVotoNo”, describió el opositor.
“Alcancé a ver antes de irme, que estaban allanando mi casa, luego me llevaron para la PNR Municipal y me sacaron varias veces para torturarme psicológicamente como ellos acostumbran. Al día siguiente me sacaron del calabozo y me llevaron ante mis padres y mi esposa, me empezaron a amenazar delante de ellos de muerte y de prisión, diciéndome que tenían todos los papeles para comenzar a cumplir cuatro años por Peligrosidad Social Predelictiva, que ellos me levantaron el mismo día en que me partieron el brazo”.
“Me indicaron delante de mis padres, que no iba a correr la misma suerte que la vez pasada, luego de la prisión política que sufrí tras promover la campaña Cuba Decide que cumplí el día 5 de septiembre de 2018. Me dijeron que ni iba a salir con vida de esta, tras el supuesto delito que me iban a aplicar de peligrosidad social”.
Luego fue llevado para el Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Las Tunas, donde continuaron torturándolo.
En la mañana del día 21 lo sacaron de allí, y lo trasladaron para las inmediaciones de la Plaza de la Revolución. “Me mandaron a caminar para un banco donde se encontraba sentado mi padre de 86 años de edad, diciéndome que no podía desviarme para ningún lugar porque me encontraba cercado, que no me mandara a correr ni hiciera nada, que tenía que ir directo a mi padre”, alegó.
“Cuando hice eso, vi varios agentes vestidos de civil y de la policía nacional rondando y cercando el lugar, dijeron que cuando me hicieran una señal me dirigiera a quien me realizara, en este caso fue Miguel, el jefe de enfrentamiento de la provincia. Entonces tuvimos que caminar mi padre y yo hacia él. Luego nos condujeron hasta el Hotel Tunas y estuve encerrado en una oficina aproximadamente dos horas”, relató.
Después de ese tiempo de encierro en el hotel, lo bajaron y entraron a un auto blanco donde ya se encontraban dos agentes dentro. “Luego me doy cuenta de que estamos saliendo a la autopista y me comienzo a preguntar para dónde vamos. Preguntaba y nadie me decía nada, le preguntaba a papi si sabía algo y me decía que no”.
Cuenta que en horas de la madrugada llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí, donde había otras personas que esperaban su llegada, incluso muchos trabajadores del aeropuerto. “Parece ser que le pidieron el pasaporte a mi padre y él lo facilitó. No tardó mucho y llegaron con el billete aéreo para Guyana”.
Antes de abordar el avión dice que le fueron entregados 200 dólares, “para que con eso me buscara la vida y que no me atreviera nunca a regresar a Cuba”.
Detalla que lo encomendaron con la tripulación de la línea aérea Aruba Airlines. “Toda la tripulación me miraba, hasta que despegamos con destino a la isla de Aruba”, única escala que realiza esta aerolínea en su viaje a Georgetown.
Luego detalló que, después del avión despegar del Aeropuerto Reina Beatrix en Aruba, le dio un desmayo, producto de tantos días sin ingerir alimentos. “Cuando me disponía ir al baño, me desmayé y ellos tuvieron que socorrerme, y llevarme nuevamente al sillón, por la debilidad de tantos días de la huelga y los maltratos que sufrí los días que estuve detenido”.
Cuando llegó al Aeropuerto Cheddi Jagan de Guyana, cuenta, “pido un teléfono y me pongo en contacto con nuestro líder José Daniel Ferrer y su hermano Luis Enrique Ferrer, respectivamente”.
Narra que sus familiares en Cuba se han quedado totalmente desprotegidos, sus cuatro niños, su esposa, su padre de 86 años y su madre de 68, personas ancianas que no trabajan y según refiere dependían totalmente de él. Cuenta también, que tiene un hermano que cumple prisión política, siendo el brazo derecho y el único sostén de la familia.
Hasta el día de hoy, Eliecer lleva 11 día en huelga de hambre ininterrumpida. “Mi postura ante la huelga es que la terminaré el mismo día 24, que eso, la distancia no me lo va a impedir, sigo más filme que nunca, y cerraré con el no rotundo, que han plasmado nuestros valerosos hermanos de la UNPACU y otros activistas valientes que se han sumado a esta lucha”.
¿Volverá Eliecer a Cuba, tras la amenaza de muerte y prisión que ha recibido por parte de la policía política, o permanecerá desterrado en Guyana?
“Yo quisiera regresar para Cuba, y si me tienen que matar que me maten, pero realmente por decisión de muchos hermanos, pues quieren que yo esté acá, me han llevado al convencimiento de que sí, de que tengo que quedarme en Guyana desterrado, porque la dictadura no está jugando cuando hace esto, lo llevó a estos extremos, y lo mejor, es entonces que me quede acá”.
El activista envía un firme mensaje a todos los valerosos hermanos de la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones opositoras. “Sigan adelante, no se dejen amedrentar, la dictadura está muy desesperada y mientras más desesperada, más violenta. Manténganse firmes porque cada día somos más, y pronto celebraremos todos en democracia”.
Continuación de esta noticia:
Cuban Prisioners Defenders (CPD), junto con la Fundación para la Democracia Panamericana y el Foro Patmos, presentó este lunes en la sede de Fundación Transición Española, en Madrid, un procedimiento especial de denuncia al régimen cubano ante las Naciones Unidas por «expatriaciones forzosas masivas» que en los últimos seis meses han escalado de forma alarmante.
Las organizaciones demandantes inscriben estas expatriaciones dentro de «gravísimos hechos constitutivos de horribles violaciones de los derechos humanos, absolutamente aberrantes, inhumanas y degradantes, con gravedad que requieren de un tratamiento urgente por ocurrir actualmente y debido a sus efectos irreversibles sobre familias enteras».
En un extenso y fundamentado informe, CPD identifica dos grupos de víctimas: los que denomina «Expatriados Forzosos», ya fuera de la Isla, y los «Amenazados con la Expatriación Forzosa». De ambos la organización ha obtenido no solo la localización de 77 de estos casos, sino la completa declaración jurada de una gran mayoría.
Los casos han sido recopilados en tan solo 11 días por lo que representan solo una pequeña parte de todos los expatriados que han salido de Cuba en las mismas condiciones que detalla la denuncia.
Para los demandantes «es evidente que se trata de algo que está sucediendo a escala masiva y alarmante en la actualidad en Cuba y que es imperativo detener».
CPD concluye que «los casos se producen por cientos cada año, y que el acumulado ha afectado a miles de activistas de derechos humanos, periodistas independientes, artistas contestatarios, religiosos y otros grupos pacíficos organizados, pero que la cantidad de aquellos que no pertenecen a estos grupos, y de los que nadie tiene noticia, pueden alcanzar varias veces la cantidad que se deduce por este estudio».
Entre los testimonios de 35 «expatriados forzosos» que recoge el informe aparecen nombres como Eliécer Góngora Izaguirre, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), uno de los casos más extensamente fundamentados; Daniel Llorente Miranda, el opositor que estuvo meses en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra por correr delante de un desfile del Primero de Mayo en la Plaza d la Revolución con una bandera de EEUU.
También aparecen José Lino Asensio López, Ramón Arbolaez Abreu, Yaneisy Santana Hurtado, Onelia Alonso Hernández (FANTU); Joanna Columbié Grave de Peralt, activista del movimiento Somos+; Raúl González Manso y Niurcy Acosta Pacheco, miembros del proyecto Amigos de la Rosa Blanca; Lianelis Villares Plasencia, activista y miembro del Instituto PATMOS; Félix Yuniel Llerena López, de CubaDecide y otras organizaciones, por solo citar algunos.
Amenazados con la expatriación forzosa existen numerosos casos, pero en el informe de Cuban Prisioners Defenders están documentados 42, entre los que destacan la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler; Leticia Ramos, Mayelin Peña Bullain, Gladys Capote Roque y otras mujeres, también del grupo opositor femenino; Jorge Cervantes, Ovidio Martín Castellanos y Zaqueo Báez, de la UNPACU; el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, hasta alcanzar casi la media centena.
El informe señala como presuntos autores de las violaciones de derechos humanos y responsables políticos a la alta jefatura del Estado, por un lado, con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la cabeza, y por otro a funcionarios al frente de los Ministerios implicados (Interior, Transporte y Justicia).
Pactos violados
En su argumentación, CPD señala que los hechos denunciados son competencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puesto que quebrantan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que La Habana es firmante y ha ratificado; la Convención de los Derechos del Niño, de la que Cuba es firmante y ha ratificado; y los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Sociales y Culturales.
Estas violaciones a los diferentes artículos de cada pacto y convenio están descritos y justificados jurídicamente en el informe.
Además, recoge un dictamen independiente de un abogado y notario en ejercicio que ha tomado declaración jurada a una muestra de los expedientes y fundamenta las violaciones a la legislación internacional de aviación comercial en casos específicos.
«Si bien esto ocurría de forma sistemática pero selectiva desde hace años, es desde hace seis meses aproximadamente que el Gobierno de Cuba lo está ejecutando de forma masiva e indiscriminada contra todo este colectivo, con el propósito de no aumentar la lista de presos políticos y eliminar a los activistas, usualmente a los más valiosos, obligándoles a expatriarse, pero impidiéndoles a la gran mayoría de ellos salir con sus hijos y familiares, y relegándolos al destierro sin sus hijos menores, padres, cónyuges, hermanos y cualquier familiar o allegado», añaden los denunciantes.
Para CPD, «aunque la persecución en sí es suficientemente grave, hacerlo de la manera indicada significa que el nivel de impunidad y ferocidad con el que se persigue a dichos activistas es un crimen de Estado concreto, asilable, tipificable y que traspasa todos los límites de crímenes que pueden ser considerados como de lesa humanidad, por los que la legislación y organizaciones supranacionales deben actuar a la mayor celeridad, tras estudiar y comprobar los hechos» documentados.
Aclara que «por motivos diversos y ante la urgencia de presentar el caso por su gravedad, solo una parte de ella han podido, además, acceder al formulario de declaración online que permite tabular sus violaciones de derechos: 26 de entre los expatriados, y 30 de entre los amenazados, un total de 56 casos».
Procedimientos de actuación del régimen
En el informe se describe los métodos de actuación del régimen para silenciar las voces contestaras, entre ellas una «feroz y concentrada persecución y violencia sobre los activistas de derechos humanos más efectivos; coacciones y presiones a los familiares; ofrecimientos de pagar los pasajes de salida en caso de dejar la Isla, dotarles de cierto dinero, y, solo en casos excepcionales, a los familiares a que abandonen Cuba de por vida junto con el activista».
También identifica la «obligatoriedad de abandonar la organización de derechos humanos de forma pública; eliminación repentina de la prohibición de viaje al extranjero; y por último expulsiones forzosas y directas».
El procedimiento especial abierto por Cuban Prisioners Defenders, que «cumple todos los requisitos jurídicos necesarios para ser admitida a trámite por las Naciones Unidas y, en primer término, por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos» ha sido enviado ya a Ginebra a la Oficina que hoy dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet».
Fuentes: CUBANET, Diario De Cuba