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El proceso de reforma constitucional culminado este 24 de febrero, estuvo viciado desde su origen pues no nació del acuerdo popular, sino que proviene de una comisión conformada por el Partido Comunista de Cuba, dirigida por el General Raúl Castro y compuesta por miembros de la Asamblea Nacional, ninguno de los cuales fue escogido en elecciones libres, justas y plurales. Por su parte, el texto constitucional está diseñado para garantizar la perpetuidad en el poder del Partido Comunista y prohíbe directamente la participación ciudadana en la definición del sistema económico, político y social. La nueva constitución que se pretende establecer se encuentra en contradicción con las reglas de la democracia y amenaza con el uso de las armas a aquellos que pretendan cambiar el sistema que en ella se define.

La Jornada del 24 de febrero estuvo marcada por el fraude, la falta de transparencia y la violencia verbal y física contra los miembros de la sociedad civil y la oposición de parte de las fuerzas represivas y en muchos casos también de las autoridades electorales. Hasta el momento hemos podido confirmar:

  • Al menos 100 detenciones para impedir la observación del escrutinio y, en muchos casos, también la votación (77 corresponden a miembros de UNPACU, de los cuales 14 permanecen en paradero desconocido);
  • Decenas de hechos de violencia física en los que tropas especiales y agentes de la seguridad del estado (G2) golpearon ciudadanos en el momento de dirigirse a los colegios;
  • Cientos de eventos intimidatorios contra ciudadanos promotores del NO y observadores. Entre los que se encuentran:Actos de repudio a la llegada a los colegios; Persecución y advertencias ejercidas directamente por agentes de la seguridad del estado; Restricción de la movilidad a los activistas, con prohibición de salir de sus domicilios.
  • Miles de reportes de irregularidades que dan cuenta de la invalidez del proceso como: Ausencia de condiciones para votar de forma secreta; Propaganda a favor de la opción oficialista en los colegios electorales colocada por las autoridades electorales; Prohibición del voto a ciudadanos cubanos residentes en la Isla.

En adición, las semanas anteriores a la fecha del referéndum las fuerzas represivas protagonizaron diversos actos de intimidación y violencia contra miembros de la sociedad civil que se expresaban contrarios a la nueva constitución. Se confirmaron al menos 14 allanamientos a viviendas de activistas y centros de la sociedad civil.

En todos los casos la policía robó materiales y equipos de trabajo, junto a la información de 600 observadores ciudadanos, situación que llevó a la huelga de hambre a 130 activistas. Las autoridades cubanas violaron flagrantemente las condiciones mínimas de transparencia y justicia para la realización de este referéndum constitucional:

  • No permitieron la libertad para hacer campaña en igualdad de condiciones para los partidarios de todas las opciones, violando el ejercicio de la libertad de expresión y asociación.
  • Negaron el acceso igualitario al censo, al electorado y a los medios de comunicación, incluidos todos los que son de propiedad estatal o son controlados por el mismo;
  • Violaron la independencia e imparcialidad del organismo electoral encargado de la organización del proceso, impidiendo que los votos fueran contados de manera precisa, justa, igualitaria y transparente;
  • No permitieron la presencia de observadores nacionales e internacionales en todas las etapas del proceso.


Por todo lo anterior, advertimos que el Referéndum que tuvo lugar en Cuba el pasado 24 de febrero no es legítimo, no cumplió con los mínimos exigibles para que se garantizara el reconocimiento de la expresión libre de la voluntad del electorado cubano, y por tanto, desconocemos los resultados que informen las autoridades del gobierno establecido en Cuba.

Considerando los hechos descritos y en apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo cubano, llamamos a la comunidad internacional a:

  1. Reconocer la invalidez del proceso de reforma constitucional y desconocer los resultados que entregue el oficialismo del referéndum fraudulento efectuado en la Isla.
  2. Denunciar la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende imponer en Cuba, y en consecuencia reconocer la ilegitimidad del régimen en el poder y sus representantes.

Mensaje conjunto de organizaciones del exilio y la oposición interna junto a los ciudadanos y organizaciones promotoras de la plataforma Cuba Decide.